Os dejo mi intervención, en el pleno del Senado, sobre una moción del Partido Popular.
Una moción cargada de demagogía, que en definitiva es un ataque encubierto a la educación pública.
Os dejo mi intervención, en el pleno del Senado, sobre una moción del Partido Popular.
Una moción cargada de demagogía, que en definitiva es un ataque encubierto a la educación pública.
La portavoz de Educación, Inés Plaza, destaca que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado 2.000 millones de euros en Educación a las CCAA y recuerda: “Hay dos modelos claramente diferenciados en materia educativa”.
La portavoz socialista de Educación, Inés Plaza, ha subrayado que “si hay algo que se puede ver claramente es que las Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha son las que menos esfuerzo están haciendo para la preparación del nuevo curso escolar, muy por debajo de las Comunidades gobernadas por socialistas, que están haciendo un gran esfuerzo para que el curso comience con todas las garantías de seguridad”.
“Tenemos muy claro, ha puntualizado, que en educación existen dos modelos claramente diferenciados. Por un lado, el modelo socialista, que es un modelo progresista, que invierte y cree en el poder modernizador de la educación. Un modelo que, en definitiva, refuerza la escuela pública. Por otro lado, está el modelo que recorta, que escatima recursos y que utiliza a la educación y a sus familias en su guerra política y cultural. Y ese, claramente, es el modelo del Partido Popular”.
Andalucía y la derecha: una deficiente apuesta por la educación.
La senadora por Almería ha puesto como ejemplo Andalucía: “Le correspondían 384 millones de euros y ha anunciado que va a contratar 4.014 profesionales (un 2,8% del total), cuando deberían contratar al menos un 16%. De esta forma, anunciaron 6.300 profesionales docentes más y al final, prevén 4.014. También han recortado las pruebas pero no los ratios, no han adaptado las infraestructuras y han cargado a la administración local con la responsabilidad de la limpieza de los centros”, ha señalado.
Inés Plaza ha recalcado que “en los siete años de Gobierno del PP, con sus políticas neoliberales, lo único que hicieron fue recortar drásticamente el presupuesto, subir los ratios y aumentar el profesorado interino, y como consecuencia de esto, nos encontramos con un sistema educativo debilitado. Sin embargo el Gobierno de Pedro Sánchez está recuperando la inversión educativa, con el objetivo de llegar el 5% del PIB en 2.025. El Ministerio de Educación y Formación Profesional no solamente ha duplicado su presupuesto, sino que además ha invertido 2000 millones para el nuevo curso”.
Esta cantidad, incluida dentro del fondo Covid, se transferirá a las comunidades autónomas para que inviertan en materia de Educación y son ellas las que deciden las prioridades y pueden hacer uso para la contratación de profesorado, compra de geles, mamparas u otras necesidades que tengan.
Otros ejemplo de mala gestión es Galicia, que va a recibir casi 93 millones de euros y va a aumentar su profesorado en un 0,5%, o Castilla y León, que recibirá 89,2 millones de euros e incrementará la contratación docente un 1,6%, o Murcia que va recibir casi 74 millones de euros y solo aumenta un 1,8%.
“Frente a esto, ha finalizado, nos encontramos con Comunidades Autónomas como Canarias que recibe 87,3 millones de euros y aumenta un 10,3% la contratación de profesorado; Castilla La Mancha, que contará con 89 millones de euros y sube un 8,3%; Valencia, que recibe 214 millones e incrementa un 5,3% o Navarra que tendrá 29 millones de euros y aumenta un 4,9%”.
En Andalucía, a pesar de ser la CCAA más grande, tan solo aumenta su plantilla un 4,5%, frente a comunidades como Canarias que aumenta un 10,3% o Castilla La Mancha un 8,3 %.
#VueltaAlColeSegura
La portavoz socialista de Educación en el Senado, Inés Plaza, afirma que “a solo unos días del inicio del curso escolar, nos encontramos con un sistema educativo que salió muy debilitado tras los siete años de las políticas neoliberales del PP. Desde 2011 a 2018 hubo recortes drásticos, aumento de ratios y exceso de profesorado interino. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, está recuperando la inversión educativa con el objetivo de llegar al 5% del PIB en 2025”.
En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, asegura que “no hay 17 modelos educativos en España, solamente hay dos: El que recorta y debilita lo público, y el que lidera el PSOE que invierte y refuerza la escuela pública”.
En este sentido, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha duplicado su presupuesto y ha inyectado 2.527 millones de euros adicionales para preparar el curso 2020-21: 1.600 millones del fondo Covid-19 a las CCAA, 386 millones en becas, 310 millones más en FP, 191 millones más en digitalización y 40 millones más en el programa PROA+ por la equidad.
Por otro lado, ante la necesidad de invertir en más profesorado para garantizar una vuelta segura a las aulas, dada la emergencia sanitaria, existe una clara diferencia entra la gestión autonómica que han hecho las comunidades socialistas y las del PP: las plantillas docentes de las CCAA socialistas se han incrementado, de media, casi cuatro veces más (3,76 veces) que en las CCAA gestionadas por el PP.
La vuelta a las aulas en Andalucía
La portavoz socialista, y senadora por Almería, Inés Plaza, denuncia que “en Andalucía, sin ir más lejos, Moreno Bonilla se encontró con la comunidad autónoma con más profesorado de España. Sin embargo, y a pesar de ser la CCAA más grande, no es la que más aumenta su plantilla para el nuevo curso escolar. Tan solo lo hace en un 4,47%, frente a comunidades como Canarias o Castilla-La Mancha que aumentan un 10,32% y un 8,27% respectivamente”. En este sentido, Plaza asegura que “Andalucía queda muy por debajo de lo aconsejable. Debería haber contratado unos 7.500 docentes más en lugar de los 6.300 anunciados. Es decir, un 16% más de docentes”.
La senadora andaluza asegura que “el presidente de la Junta de Andalucía intenta tapar y distraer su deficiente gestión educativa y su errática contratación de nuevo profesorado, reclamando una mayor recentralización y un mayor papel del Estado sin asumir la gestión que les corresponde. El señor Moreno Bonilla tiene que saber que son sus competencias, esas que tanto pedían durante la pandemia, y ahora que las tienen, les da miedo gestionar y quieren que sea el Gobierno el que le solucione el problema”.
“Hoy nos encontramos que, a ocho días de que el personal docente, de administración y servicios vuelvan a los centros educativos, en Andalucía no hay bajada de ratios, no hay un aumento de plantilla que garantice el desdoble de aulas, no se han mejorado las infraestructuras para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m, no hay protocolos de seguridad claros y precisos, y las primeras sustituciones de docentes no se producirán hasta el 10 de septiembre”, denuncia Plaza
La Real Academia Española define a la familia como “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas” o como “conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje”.
Hasta hace relativamente poco, en España, los modelos familiares se limitaban a parejas heterosexuales, unidas por vínculos matrimoniales, religiosos o civiles y con hijos/as naturales o adoptados/as. En la actualidad, la familia ha evolucionado del modelo “tradicional” a otros modelos de familia, gracias a la diversidad. Y es que en las últimas décadas el Estado del bienestar se ha asentado y la sociedad ha ido presenciando múltiples cambios que han modificado radicalmente la estructura familiar.
Actualmente existen diversos tipos de familias, entre las que se encuentran las familias monoparentales, que son las integradas por una persona adulta, con uno o más descendientes a cargo (con hasta 18 años de edad). Esta situación puede derivarse de realidades muy diferentes, como son el fallecimiento del otro progenitor, la ruptura conyugal o de pareja, o también tiene que ver, en muchos casos, con una elección individual, la decisión de asumir una maternidad o paternidad al margen de cualquier convivencia estable.
Este tipo de familias ha ido creciendo, en número, en estos últimos años, de manera importante, suponiendo, según el Instituto Nacional de Estadística, 1,9 millones de hogares en España, el 10,10% del total. En el 82,7% de los casos, 1,6 millones, la mujer es la que encabeza la familia; de ahí que desde diversos sectores se utilice también la expresión “familias monomarentales”, para enfatizar el perfil femenino de esta modalidad familiar. Además, cabe señalar que el 51% de estas mujeres están desempleadas o con trabajo en economía sumergida y solo un tercio de las inscritas como demandantes de empleo reciben algún tipo de prestación. Estas mujeres, como dice la canción de Manuel Carrasco, tienen que librar mil batallas, día tras día.
El empleo y la conciliación de la vida familiar y laboral son dos de los principales problemas a los que se enfrentan. Y es que, estas familias, aunque existen hace muchos años, no tienen reconocidos los mismos derechos que otros tipos de familias. Sufren una realidad discriminatoria fiscal, política y económica desde tiempos inmemoriales.
Muchos de los problemas de precariedad y falta de empleo, principalmente entre las mujeres de familias monoparentales, se deben a la falta de conciliación que existe en muchos empleos. Así, para el 74% de las mujeres de familias monoparentales, las medidas de conciliación que le ofrece la empresa son insuficientes, una vez que encuentran trabajo, según el informe Adecco sobre Monomarentalidad y Empleo.
Estas familias reivindican, en el ámbito laboral, una mayor flexibilidad en los horarios, y denuncian desigualdad para acceder a viviendas sociales, ya que si son familias numerosas sí existe una mayor puntuación que no tienen las monoparentales. También sufren discriminación fiscal, con respecto a una familia biparental. Además reivindican ampliar su prestación por nacimiento y cuidado del menor, en razón de sus circunstancias de soledad y de las necesidades de sus hijos e hijas, preocupación que el Grupo Socialista comparte.
Su escasa autonomía hace que sus miembros, especialmente el miembro adulto, sufra una dependencia excesiva de otros parientes que, en ocasiones, aunque necesaria para desarrollar su actividad laboral, reduce su autonomía, su libertad e incluso su intimidad. Suelen recurrir con frecuencia a la ayuda de las abuelas, que son quienes proporcionan cuidados a los nietos/as y atención a las labores domésticas más urgentes. Esta ayuda es positiva y se hace necesaria, pero en ocasiones, se convierte en más en un remedio obligado, que en una solución pactada. Del mismo modo, a menudo, las abuelas se ven sobrecargadas en sus tareas habituales, teniendo que atender a dos hogares y reduciéndose notablemente su tiempo de ocio o de convivencia efectiva con otras personas
Por otro lado, cuando existe una situación sobrevenida, como es el caso de la crisis sanitaria que estamos viviendo y el obligado confinamiento que hemos sufrido, el día a día se les hace más difícil que a una familia tradicional. Cuando un progenitor/a está teletrabajando y tiene que atender a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos/as, ayudarles con las tareas escolares, etc, y no pueden delegar, la carga se multiplica por dos; la física y la psicológica. Hasta ahora, como he mencionado anteriormente, las abuelas eran la tabla de salvación, pero son personas de riesgo y las excedencias o reducciones de jornada no son opción en hogares con un único ingreso.
Desde la Administración General del Estado se contemplan ayudas específicas en Seguridad Social, Fiscalidad (IRPF), Vivienda, y Bono Social Eléctrico y Térmico, pero lo cierto es que no es suficiente. Es necesario que exista una conciliación con corresponsabilidad social, donde estén implicadas todas las administraciones, el sector empresarial, el sector sindical, y toda la sociedad en general.
El Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de la situación y es sensible al tema, por eso, va dando pasos para consolidar los derechos de todo tipo de familias.
Desde el grupo socialista en el senado hemos presentado una moción para dar visibilidad a las familias monoparentales, contribuyendo a que deje de asimilarse exclusivamente la monoparentalidad con la pobreza o la exclusión social.
Queremos que se reconozcan los derechos de este tipo de familias, por el mero hecho de serlas, dotándolas de un marco jurídico estatal de referencia que incluya una definición homogénea, que a su vez permita acceder a una acción protectora adecuada.
Pedimos que se apliquen políticas que doten de mayor autonomía a las familias monoparentales, y de esta manera contribuir a reducir su vulnerabilidad, facilitando la compatibilidad entre la actividad laboral del miembro adulto y su obligación de cuidado de los hijos/as, favoreciendo la conciliación de la vida laboral y familiar.
Con esta moción, además, se van a estudiar las modificaciones normativas pertinentes para valorar una duración adicional del permiso por nacimiento y cuidado del menor para estas familias, como en el supuesto de discapacidad del hijo o hija o en caso de nacimiento múltiple y por otro lado, reconoceremos como familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos que, de acuerdo con la normativa vigente, no tienen acceso a dicha condición.