Esta semana hemos visto hasta dónde está dispuesto a llegar el PP en su cruzada contra el Estado del Bienestar. Esta vez le ha tocado a las personas dependientes y sus cuidadores de Jaén. El alcalde ha tenido la desfachatez de renunciar a prestar un servicio social que para él es una competencia legal ineludible. Lo que ha hecho ha sido cruzar la línea de la más completa irresponsabilidad social y política.
Desde que la derecha llegó al gobierno de la nación, han sido muchos los ataques que ha lanzado contra el Estado del Bienestar que tanto dinero y convicción política ha exigido. La Ley de Dependencia ha sido y es uno de los grandes avances conseguidos en materia de derechos sociales, de los que 800.000 personas se benefician y donde casi otras 200-000 han encontrado un empleo.
Ya el año pasado el Consejo de Ministros introdujo un nuevo modelo de Atención a la Dependencia que de hecho suponía un ataque a su línea de flotación. Hay una realidad incuestionable y es que el PP nunca ha creído en la Ley de Dependencia. Esto es así si tenemos en cuenta que las partidos instalados en el liberalismo económico y opuestos a la intervención estatal no están por la labor de emplear los recursos públicos en servicios que consideran económicamente no rentables.
Desde la puesta en marcha de la ley en el año 2007, la Junta de Andalucía ha invertido 6.740 millones de euros en Dependencia. Actualmente el Gobierno andaluz ya asume el 72% del gasto en dependencia en Andalucía, mientras que el Gobierno central sólo el 28%. Frente a esto, la estrategia del PP favorece a los servicios residenciales en detrimento del cuidado del dependiente en su entorno. Se castiga directamente a aquellos dependientes a los que la administración no pueda ofrecer servicios, como plazas en geriátricos o en centros de día.
Las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno, y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación. Esto es una ataque al trabajo de las mujeres. En estos tiempos de crisis, muchas familias, vivían gracias a esas pagas. Se reduce la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio, la cual pasa de las 90 horas máximas mensuales a 70 horas. Esto repercutirá de manera directa en los empleos creados por este servicio, estimándose que más de 7.000 trabajadores andaluces podrían quedarse en el paro. Más personas al paro.
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