El Ayuntamiento de Almería deberá pagar casi siete millones de euros a los acreedores de la antigua concesionaria del servicio de cementerios, Ceal, después de dos sentencias del TSJA a favor de la entidad y un último auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Almería. Así lo ha anunciado el grupo municipal socialista que ha solicitado una comisión de investigación.
En este auto, adelantado ayer por el PSOE, el juez declara la “nulidad absoluta” de un acuerdo de la junta de gobierno local de diciembre que, después de conocida la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia, proponía iniciar un expediente.
Un proceso que el Contencioso-Administrativo entiende ahora que “no tiene fundamento jurídico” y que “sólo buscaría eludir la sentencia”. Así, lo ha explicado el portavoz del grupo municipal socialista, Joaquín Jiménez, que señala cómo el auto ordenaría al Ayuntamiento “al pago de 5,4 millones por la anulación del contrato, otros 157.571 de devolución de fianza y los intereses, que ascienden a 1,3 millones de euros más”.
Acompañado de la también edil del PSOE, Mari Carmen Núñez, Jiménez ha exigido “explicaciones” al alcalde en el marco de una rueda de prensa en la que también ha solicitado una comisión de investigación para conocer “por qué desde 2006 el Ayuntamiento no ha dado respuesta a las reclamaciones de la UTE concesionaria de la gestión de los cementerios” a la que, dice, “contestó únicamente con silencio administrativo”.
Plazo para pagar Para Jiménez, que asegura que el Ayuntamiento tiene un plazo de tres meses para pagar esos 7 millones de euros, el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, deberá dirimir “responsabilidades políticas”.
Ha aclarado, además Jiménez, que su grupo “no se alegra” de esto “porque es un varapalo muy serio para los intereses de los almerienses”.
El portavoz del equipo de gobierno municipal, Carlos Sánchez, ha asegurado, por su parte, que el auto “en ningún momento da un plazo de tres meses para hacer el pago de 7 millones de euros a Ceal, sino que establece un plazo de tres meses para la ejecución de la sentencia”. Esto, en opinión, del concejal popular, “no impide consensuar con Ceal un plan de pagos”.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que Ceal ya no existe como tal. Presentó concurso de acreedores y se disolvió.
Por otra parte, Sánchez ha enmarcado la situación actual y la indemnización “a un incumplimiento de contrato del PSOE con Ceal cuando gobernaba hace más de11 años”. Toca ahora, dice, resolver “el mal hacer socialista”.
Agotar las vías jurídicas Además, el equipo de gobierno local ha querido dejar claro , en palabras de su portavoz, que en todo este proceso “es clave el dictamen que emita el Consejo Consultivo de Andalucía, que ya está en posesión del expediente de revisiones de oficio remitido por el Consistorio y del que se ha acusado recibo de ello”.
Un Consejo que es consultivo, pero que no tendría inicialmente potestad para revocar las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Aún así, y asesorados por el servicio jurídico municipal “con la intención de agotar todas las vías jurídicas posibles, y entre ellas las previstas en la propia sentencia, desde el Ayuntamiento se decidió remitir toda la documentación al Consejo Consultivo.
0 comentarios:
Publicar un comentario